Sexta parte

Vietnam a la mexicana

MARIO MARTINI

VI

• No será suficiente  la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
• Calderón descubre el origen: el contubernio de criminales con autoridades ha permitido el crecimiento de las actividades delictivas

La del narcotráfico, como la del ídolo sonorense tercermundista  “Pulgarcito Ramos”, campeón mexicano peso mastodonte que con la fe ciega que distingue a nuestro pueblo subió al ring en 1960 para ser enterrado en el olvido por Joe Frazier, pugilista de primer mundo, amamantado en ubres generosas, es una pelea desigual, tramposa, equivocada y absurda, a la que el gobierno federal asiste en solitario, mal preparado, con traiciones en su propia esquina, con guantes prestados, y sin la motivación que al contrincante parece sobrarle. Hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, arma a arma, salario a salario, motivación a motivación, la desventaja es brutal.

Vietnam

Puesto en otro contexto, el campo de batalla contra el crimen organizado se asemeja a un pequeño  Vietnam, la sangrienta guerra asiática a la que la nación más poderosa del mundo entró confiada, despreciando al oponente –“un pueblo de Charlie’s muertos de hambre”-, y de la que salió de entre los pantanos, selva y nacionalismo vietnamitas humillado y después de  haber pagado la cuota de sangre más alta de su historia, con la única diferencia de que en ésta se juega el patriotismo de un pueblo. Como ocurrió al gobierno estadounidense en aquella guerra y en la de Irak, el gobierno de México está atrapado en una guerra que no le corresponde totalmente y de la que no podrá salir aun sabiendo que financiera y bélicamente es desigual, logísticamente imposible y, desde el plano social, totalmente irresponsable.

Cada vez que el presidente Felipe Calderón repite que “ni un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado”, más policías, militares y civiles pierden la vida en las calles del país, en hechos  brutales y sangrientos que incluyen torturas y decapitaciones. Históricamente la del narcotráfico es una guerra perdida por las sociedades del mundo, padecida por millones de ciudadanos inocentes que tienen que enfrentar la furia de una conflagración que pretende salvar al 0.6 por ciento de la población mundial, unos 200 millones de personas que por voluntad propia eligieron el camino de las adicciones.

En México, según informes recientes del Consejo Nacional contra las Adicciones, menos de 400 mil personas son adictas a alguna droga, lo que constituye el 0.4 por ciento de una población de 100 millones de habitantes. ¿Vale la pena poner en riesgo la tranquilidad de una nación por unas pocas manzanas podridas?

Puesto en términos pugilísticos, el crimen organizado va ganado todos los asaltos y no hay indicios de que eso vaya a cambiar. Tiene mejor preparación –con más de 60 años en el coliseo-, amplio repertorio de armas, mejores asesores, la ventaja de la sorpresa para el ataque, energía suficiente para prolongar el combate a placer, eficiente organización piramidal y, finalmente, de su lado está el recurso del terrorismo contra la población. Está comprobado que mientras más se aprieta al crimen organizado, el consumo se mantiene y las ganancias ilegales se incrementan, toda vez que mientras el precio aumenta por las dificultades para llevarla al mercado el padrón de adictos y el consumo se mantienen estables.

• Iniciativa Felipe Calderón

Después de la detonación de granadas en Morelia contra la población civil que acudió al Grito de Independencia en 2008, el presidente reactivó una iniciativa en materia de seguridad y justicia que el presidente Vicente Fox vetó por considerar que lesionaba derechos humanos.

Reconoce el presidente Calderón que “la situación en materia de seguridad pública que hoy enfrentamos no puede entenderse sin el cobijo que por años le ha brindado la impunidad a la delincuencia”. E identifica dos problemas medulares que pudiesen explicar la violencia actual:

Primero. Una malentendida división de competencias entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno, que genera una falta de coordinación entre las policías y autoridades de procuración y administración de justicia en todo el país.

Segundo. El contubernio de criminales con algunas autoridades ha permitido el crecimiento de las actividades delictivas, e incluso han llegado a participar directamente en ellas.

En la “Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, admite que en el narcomenudeo está la clave para desarticular la red de distribución del narcotráfico en México, pero no incluye la aplicación del programa para evaluar el nivel de confianza de las autoridades de procuración de justicia que, como reconoce, han sido cooptadas por el crimen organizado. La iniciativa, calificada por expertos como “más de lo mismo”, considera “fortalecer la capacidad de la policía para investigar los delitos, siempre bajo la conducción y el mando del Ministerio Público; adopta un sistema integral de desarrollo policial, ministerial y pericial. El objetivo es poner al servicio de los ciudadanos servidores y policías profesionales para proteger a las familias y las comunidades del país; crea el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza, que se encargará de evaluar y certificar a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública y establecerá para los tres órdenes de Gobierno los criterios mínimos de confiabilidad con los que deben cumplir; creación de un Certificado Único Policial que garantizará que quienes porten el uniforme de policía reúnan los requisitos de confianza exigidos para cumplir esta delicada tarea. Queremos que la sociedad tenga la certeza de que los elementos que integran los cuerpos policiacos en el país sirven a los ciudadanos y no a los delincuentes; establece el Sistema Único de Información Criminal que contendrá una base de datos compartida entre la Federación, los estados y los municipios; contempla mecanismos de participación social y ciudadana para la planeación y supervisión de las instituciones de seguridad pública; establece procedimientos policiales para regular el uso de la fuerza pública, con el fin de que la actuación de la policía garantice la vigencia de la legalidad y el respeto a los derechos humanos”.

Adictos

Además, propuso las siguientes modificaciones al Código Penal Federal: prohibición de usar indebidamente la información contenida en Plataforma México, falsificación y uso indebido de uniformes, credenciales, insignias, vehículos o equipamiento de las fuerzas del orden, mal uso de las aportaciones federales destinadas para garantizar y fortalecer la seguridad pública.

Complementariamente envió un paquete de reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de narcomenudeo, con las que busca concretar los consensos que se han venido logrando en varios años de discusión en el Congreso y dar un impulso renovador a esta iniciativa, a fin de que pueda ser concretada en breve.

Destaca el principio de concurrencia y corresponsabilidad de las autoridades locales y la federal en el combate al narcomenudeo, así las policías locales y las autoridades ministeriales de los estados, también podrán, en el ámbito de su competencia, cuidadosamente delimitado, investigar y perseguir delitos de manera concurrente con la Federación, con la posesión, venta y distribución de narcóticos en pequeña escala. Establece como graves los delitos de comercialización y suministro de narcóticos en su modalidad de narcomenudeo y aumentar las penas para quien distribuya droga a menores de edad o en centros educativos y sus alrededores. Propone un sistema  de tratamiento terapéutico obligatorio sustitutivo, de sanciones a quienes, y aún cuando le sean encontradas drogas en dosis individuales, justifiquen su dependencia directa a éste o su uso para tratamiento médico; o bien, se trate, precisamente, de uso por primera vez.

“Se trata, explica el presidente, no sólo de reforzar el sistema penal de manera más coordinada en materia Federal, sino también establecer en ley mecanismos que propicien el acercamiento de los farmacodependientes o de los jóvenes que están cayendo en el uso de las drogas, al tratamiento y a la prevención de los mismos. Sólo con leyes más fuertes podremos ganar espacios de acción a los delincuentes que amenazan la seguridad de nuestras comunidades y que intentan envenenar a los hijos de los mexicanos con la droga”.

Séptima parte